Hoy diario del magdalena. Hay que poner límites.

12.01.18 3

El gobierno no se da cuenta de que el problema no se resuelve firmando cualquier papel.

No se entiende por qué, ni se sabe hasta cuándo, los colombianos tendrán que ver a sus soldados ultrajados, agredidos y sitiados por indígenas que, argumentando la reivindicación de sus derechos les exigen el desalojo inmediato del lugar en que se encuentran. Los enfrentamientos son cada vez más frecuentes y difíciles de manejar. Ante los casos reportados, ya no se sabe si se trata de una acción intencionada del gobierno, de la que se espera producir un efecto concreto en la población. La pregunta es, si se sabe que en la medida en que las acciones de los indígenas no ponen en riesgo la seguridad del Estado los militares no pueden hacer uso de sus fusiles, ¿por qué se envía a los soldados armados a enfrentar una situación en la que van a estar expuestos a agresiones y vejámenes?

En un video que circula por las redes, los colombianos hemos vuelto a ver la escena en que un indígena trata de arrebatar el arma a un soldado, al tiempo que pone un machete en su cuello, exigiendo que se retire. Los hechos ocurrieron en la Hacienda Miraflores, en el Norte del Cauca, donde los militares adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo acudieron para contener las presuntas intenciones que tenían un grupo de indígenas, de incinerar maquinaria de propiedad del Ingenio del Cauca.

Era la misma escena vivida en julio de 2012, cuando el sargento Rodrigo García, comandante de un pelotón de 30 soldados encargados de custodiar las antenas del cerro Alto Berlín en Toribio, tuvo que desalojar el lugar con sus hombres, luego de ser arrastrado, escupido, golpeado por un centenar de miembros de la Guardia Indígena. En aquella ocasión hubo un gran debate por el hecho. Pero el asunto no trascendió más allá del hecho anecdótico de las lágrimas del militar ofendido. Sabemos que el gobierno ha sido irresponsable en el manejo de los problemas de tierras. Y cada vez que los indígenas se movilizan, los funcionarios no tienen problema en asumir cualquier compromiso (aun sabiendo que no se puede cumplir), con tal de que se desmovilicen.

Pero la situación se está saliendo de control. Mientras que el gobierno no se da cuenta de que el problema no se resuelve firmando cualquier papel, las autoridades indígenas y sus comunidades sí han entendido que para lograr sus reivindicaciones deben recurrir a las vías de hecho. Y entre más duros sean mejor. Y como saben que los militares no pueden utilizar sus armas en contra de las comunidades, en el momento en que se presenta un enfrentamiento, pues llevan las de ganar. Por eso actúan de esa manera tan desafiante.

Es cierto que los miembros del Ejército han sido responsables de violaciones a los derechos humanos. Y con prácticas reprochables, que deben ser castigadas. Pero los derechos humanos también funcionan en la otra dirección. También los soldados están cubiertos por las normas del derecho humanitario. Y el mando militar está obligado a proteger a sus soldados. No los pueden seguir exponiendo a una situación en la que las circunstancias los pueden llevar a un desenlace fatal. Todos van a perder: los indígenas, porque pueden terminar como víctimas de una masacre; los soldados, en el banquillo judicial por esas muertes; la cúpula militar, sometiéndose a la Justicia en cumplimiento del principio de “responsabilidad de mando”; el gobierno asumiendo las responsabilidades disciplinarias y penales; y los ciudadanos asumiendo el costo de los hechos y cargando con la vergüenza de lo ocurrido. Los enfrentamientos con los indígenas, son problemas de orden público, que deben ser resueltos de manera distinta. Si se quiere, con equipos especiales de reacción militar, pero dotados de otro tipo de armamento que garantice el control y no los exponga a una masacre. Es hora de poner límites a la acción de los indígenas y a la reacción del Estado con sus militares. 

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