Convención 39 de asotrans desenmascara la ilegalidad injusticia contra el transporte organizado

Qué bueno sería para el ciudadano del común que cuando el Estado resulte inepto pudiera aplicar la desobediencia civil sin consecuencias, o irse a la ilegalidad para ponerse en igualdad de condiciones con aquellos que están por fuera de la ley. Pero no, contra el bueno sí caen todas las agencias estatales y demás entidades burocráticas creadas para “molestar” a quienes defienden el Estado social de derecho. Y esa es la fatiga emocional que pesa sobre la mayoría de los ciudadanos hoy, porque entre más apoyan a las autoridades legítimamente constituidas, más los persiguen y agobian con toda clase de arandelas, obligaciones y tributos, como si la vida del trabajador y del empresario no tuviera otra finalidad que generar impuestos y cancelar tasas.


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Pero el Estado se hace siempre el de la vista gorda, y trata de ejecutar lo menos posible, olvidando el cumplimiento de sus deberes funcionales. La prueba son el número de sentencias y sanciones disciplinarias que se imponen por diferentes causas contra servidores públicos que han ido más allá de la ley, o que la han desconocido para que otros, los ilegales, se beneficiaran de esa omisión.

Hay casos concretos de las injusticias contra las empresas legalmente constituidas en todas las regiones del país, pero me limitaré a ejemplos puntuales:

1.- Se imputa responsabilidad al municipio de Medellín - Secretaría de Tránsito y Transporte, por el incumplimiento del deber de controlar el servicio de transporte público “informal” que afectaba las rutas asignadas a la Cooperativa de Transporte de Santa Rosa Ltda. “COOPETRANSA” a la cual estaba afiliada el demandante.

En efecto, la autoridad municipal competente es la encargada de regular la prestación del servicio y en ese orden de ideas es quien expide la autorización o reconocimiento, mediante una habilitación, a la empresa que cumpla con los requisitos definidos por las normas vigentes.  Las mismas disposiciones dotan de facultades a los organismos municipales encargados del control del transporte informal, para la imposición de sanciones consistentes en multas e inmovilización del vehículo a los particulares que presten servicio público de transporte y a los de servicio público que no estén vinculados legalmente a una empresa.

Mediante normas locales se crean las dependencias y autoridades encargadas de dicho control al transporte ilegal.  Pero las autoridades no hicieron lo que les correspondía y la justicia condenó al Municipio al pago de perjuicios. De igual manera esas mismas autoridades pueden ser sometidas a acciones de repetición, si se prueba la culpa grave o el dolo. De esta providencia puede deducirse que si los servidores públicos no controlan el transporte ilegal pueden ser condenados por omisión del deber funcional. Para el efecto consúlteseRadicación número: 05001-23-31-000-1996-00409-01(25041). Veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012), del Consejo de Estado.

el rincon 67 32.- La ilegalidad de las actuaciones de las empresas SOTRASAB SCA y COOTRASUCRE. Petición de  toma de control por parte de la Superintendencia a COOTRASUCRE y SOTRASAB SCA. Desde Enero de 2013 ASOTRANS pidió a la Superintendencia de Puertos y Transporte que se ejerciera a través del mecanismo de toma de control, la vigilancia de las empresas  SOTRASAB SCA y COOTRASUCRE, con sede en el Departamento de SUCRE, debido a la prestación irregular del servicio que hacen invadiendo las rutas de las empresas del Departamento de CORDOBA que prestan un servicio autorizado de manera legal. Se han escrito, además por parte de los transportadores de la zona documentos al Ministerio de Transporte en el mismo sentido denunciando las irregularidades y, sin embargo, no se toman acciones drásticas, pues mientras los legales pierden hasta sus empresas los ilegales llenan sus bolsillos y se burlan de las autoridades. La prestación de un servicio ilegal de manera reiterada amerita las medidas más estrictas, a fin de evitar que quienes cumplen con todos los requisitos se vean afectados por empresas que no tienen autorizaciones del Ministerio de Transporte.


3.- El mototaxismo en Cúcuta. El cinismo y la desvergüenza de los transportadores ilegales se pueden evidenciar, en la ciudad de Cúcuta. Mientras los transportadores habilitados hacen esfuerzos por cumplir la ley, los ilegales prestan un servicio sin formalización laboral, sin pagar impuestos, sin seguros de responsabilidad extracontractual, sin estructura empresarial y, lo que es más sorprendente, con uniformes que los identifican plenamente ante los usuarios y ante las propias autoridades. ¿Cómo es posible que viéndolos cumplir un oficio ilegal las autoridades no hagan nada para erradicarlos?


el rincon 67 44.- La persecución al transporte legal en Florencia Caquetá. El Alcalde que terminó el periodo el 31 de diciembre de 2015, encargado por la mala fortuna de su Alcaldesa, autorizó una empresa sin licitación y sin parque automotor. Desde el principio hasta el fin este acto administrativo devino en ilegal, pero nadie ha tomado cartas en el asunto para ponerle coto a las arbitrariedades. Al mismo tiempo, se tolera el mototaxismo, calculando que hay 4500 unidades prestando servicio ilegal en esa importante ciudad cercana a frontera sur de nuestro país. Además, se inició una campaña de acoso de la actual administración contra los transportadores urbanos con el interés seguramente de ingresar al servicio a otro operador, sacrificando inversión privada y empleo como el que generan los actuales empresarios.


Todas estas situaciones ameritan una reflexión que nos permita entender si los ilegales pesan más que los legales en la política pública del transporte colombiano. Ojalá en unos años no veamos a la ilegalidad en los puestos de comando de este bello país. 

 

 

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