×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 328

LA LEY DE SANCIONES PARA EL TRANSPORTE

 

Nadie puede discutir la importancia de que ciertas actividades que se realizan en sociedad estén reguladas debidamente, mediante una ley que contenga todos aquellos aspectos que definan el marco, los requisitos de acceso, de ejercicio de la actividad, las conductas permitidas y las prohibidas, el régimen de sanciones y el procedimiento para imponerlas, respetando el debido proceso y las mínimas garantías que establece el artículo 29 de la Constitución Política colombiana. El carácter fundamental del derecho al debido proceso está vinculado con el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales, sino también las administrativas en la definición de los derechos de los individuos. Es pues una defensa de los procedimientos, especialmente de la posibilidad de que las personas sean oídas y vencidas en juicio. Eso nos hace iguales ante la ley. La ley la necesitamos para que el que la cumple sea reconocido y el que la viole sea castigado. Un Estado sin ley es anárquico y de allí al caos la distancia es poca.

Por eso desde los gremios representativos del transporte siempre hemos expresado la tesis de que se necesita un estatuto de sanciones, porque las normas que existen están dispersas, no todas se regulan mediante ley y, además, los procedimientos son arbitrarios. La Corte Constitucional se ha encargado de obligar a las autoridades a prescribir sanciones y a caducar actuaciones por violación de los términos legales para decidir. Porque en eso la ley es sabia se aplica a los particulares y a los servidores públicos, porque los mismos no pueden omitir el deber funcional que los obliga a respetar los términos señalados en la ley.

La movilidad de las ciudades y, en los tramos nacionales, muestra una situación de irrespeto por la legalidad, pues cada actor en la vía maneja sus propias reglas, debido a la escasa vigilancia que pueden ejercer las autoridades, por carecer del número de agentes indispensable, por la ausencia de tecnología o por causa de la corrupción. Entonces, hay que rescatar el respeto por la ley, aún en ausencia de las autoridades, primero, exigiendo acatar los parámetros señalados por la educación vial y, segundo, imponiendo las sanciones a los violadores o abusadores de sus derechos.

La caída de la ley de sanciones en la conciliación del texto aprobado en el Senado se debió a los reparos que hizo la Cámara de representantes sobre un artículo que regula aspectos de tránsito y que se introdujo por algún congresista a última hora. Se obligaba a los colombianos a cambiar nuevamente la licencia de conducción lo que representaba según cálculos de algunos voceros ingresos para los centros de reconocimiento y otros particulares estimados en 4 billones de pesos. Eso era muy grave teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte no ha cumplido varias decisiones de la Corte Constitucional que ha repetido que el cambio de licencias ya fue ordenado por el Estado y que debe ser gratuito, tal como ocurrió con la cédula de ciudadanía. Fue un acto desafortunado el que se hubieran revuelto los negocios de particulares con las regulaciones que fueron estudiadas por casi 4 años en el Congreso.

Los gremios habían acompañado a la Superintendencia en la mayoría de los textos aprobados, con salvedades relacionadas con la toma de posesión, los procedimientos sin recursos, las conductas indeterminadas y que no aparecían en la ley sino en normas reglamentarias, la falta de un régimen de transición amplio para facilitar la tarea de reestructuración de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la ausencia de un capítulo para establecer tipos contra la ilegalidad y la informalidad y las sanciones correspondientes, pues todas las normas estaban dirigidas contra las empresas legales, no contra los ilegales. Es decir, los gremios defendimos el garantismo procesal para que el transporte se modernizara con disposiciones nuevas en medio de la gravedad de la crisis actual generada por el mototaxismo y otras formas de piratería en el servicio público de transporte. Por ejemplo, fuimos claros que no era conveniente establecer la única instancia, porque eso dejaba sin recurso de apelación el 80% de los procedimientos sancionatorios.

De todas maneras allí quedan unos textos que no deberían ser desechados, que deberían revisarse nuevamente y reiniciar el trámite ya no por la Cámara sino por el Senado, para dar oportunidad de enmienda a la Corporación que incluyó normas que generaron suspicacias en los colegas de la Cámara. Lo que se avanzó fue importante, porque en el Congreso hubo espacio para explicar la trascendencia del sector transporte, la necesidad de una regulación más enérgica contra la ilegalidad y la necesidad de que los organismos de tránsito sean garantes de la aplicación de los controles determinados por el Ministerio y por la Superintendencia. Si volvemos al Congreso con textos revisados y concertados, el trámite será expedito y podremos fortalecer la inspección, vigilancia y control que las normas atribuyen a las Superintendencias, como delegatarias del poder presidencial. 

Prev Convención 39 de asotrans desenmascara la ilegalidad injusticia contra el transporte organizado
Next La seguridad vial empieza poniendo en cintura a los motociclistas
rincon
publicidadsigtransweb
40años