Los compromisos del Estado con los transportadores

EDITORIAL

Edicion 74- Julio/Agosto de 2017

Llegar a cuarenta años de existencia gremial es de por sí un mérito, independiente de la evaluación de la labor cumplida, pero que un sector tan variado en su composición, en sus intereses económicos y en sus perspectivas políticas, se mantenga aunque no en su totalidad, unido a través de un gremio es muy admirable. Por eso aprovechamos esta ocasión para agradecer a los que lo hicieron posible, a los fundadores y creadores de la idea, a los que ayudaron a consolidarla, a los que la dirigieron, a los lideres que la mantuvieron y a todos y cada uno de los que han ayudado a empujar esta rueda de la unidad que nos hace fuertes para defender a la industria y a cada ser humano que tiene su vida consagrada a la hermosa tarea de transportar.

Y nada mejor que esta ocasión para revisarnos y decir lo que estamos haciendo bien y en que nos hemos equivocado y consecuente con ese análisis tomar las decisiones correctivas e impulsar una acción más dinámica que permita mover el aparato estatal en pro de la toma de decisiones que beneficien al sector. Por eso hemos querido presentar para esta cuadragésima convención de ASOTRANS, los compromisos que el Estado debe asumir con los transportadores, los que nunca ha decidido, los que implementó parcialmente o los que decidió de  una manera equivocada. En este balance, la conclusión unánime  es que hay una ausencia de política sectorial que inspire una regulación coherente, que dure en el tiempo y que defina con claridad la vida de la inversión y el desarrollo empresarial hacia el futuro.

Hoy se necesita con urgencia revisar las leyes marco del transporte y actualizarlas, ponerlas a tono con la modernidad, desarrollar reglamentaciones que dinamicen al sector y no lo frenen, normas que acompañen el crecimiento y que no sean obstáculo para el desarrollo empresarial. La carga de requisitos jurídicos, económicos, laborales, tributarios y tecnológicos hacen agobiante la labor de la iniciativa privada que termina por castigar financieramente la industria, propiciando la existencia de la informalidad y desestimulando la creación de empleo y la modernización de los sistemas. Legislar por pedacitos se volvió costumbre y apagar incendios con extintores normativos se convirtió en una manera de ser gobierno quedando siempre aplazada la verdadera reforma que defina el papel del Estado y garantice la sostenibilidad del transportador con impulsos a su capacidad de auto regularse.

En estos cuarenta años se ha logrado que el sector intermunicipal de pasajeros sea ejemplo de organización empresarial, los esfuerzos de los hombres que le han apostado a la legalidad se han defendido para garantizar su permanencia y la ausencia de acompañamiento gubernamental se ha suplido con valor y fe, no de otra manera se entiende que se siga invirtiendo sin tener seguridad jurídica, sin tarifas que retribuyan la osadía, sin  políticas de reposición o de aseguramiento, que aumentan el riesgo, sin autoridades locales y regionales que inviten a crecer antes que a desplazar. La gran tarea de la cohesión gremial ha sido defender la existencia jurídica y económica de las empresas de transporte y sus actores y el gran reto es el de lograr mover las instituciones del Estado para lograr decisiones justas y oportunas.

La seriedad de una convención histórica como la de este año  la dará la calidad de las respuestas que el Estado y su gobierno le dé a los transportadores del país, a sus inquietudes y necesidades y que se comprometa a dar las garantías para permanecer en un  país mejor, después de una guerra donde se fue victima y donde se arriesgó todo por seguir soñando con un futuro mejor. Nos lo merecemos.

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presidente
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40años